El gobierno federal se comprometió a intensificar las gestiones ante autoridades extranjeras para concretar las extradiciones pendientes de personajes vinculados al caso de Ayotzinapa, como la de Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de Barandilla en Iguala, Guerrero, en 2014.
También se fortalecerán las tareas de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, se agotarán todas las líneas de investigación y se agilizará el análisis de la información, informó la Secretaría de Gobernación al dar cuenta de la reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con los familiares de los estudiantes.
Previo al encuentro, la mandataria destacó que se presentarían a los padres los avances en el caso, a partir de nuevas líneas de investigación y detenciones, como la del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre.
En su conferencia matutina, Sheinbaum dio a conocer que el miércoles pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “y espero que la fiscal (general de la República, Ernestina Godoy) esté de acuerdo”, que se informe públicamente sobre esas pesquisas antes del 26 de septiembre.
Subrayó que es muy relevante el adelanto que se tiene y ratificó su compromiso de “alcanzar la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”.
Por la noche, la Secretaría de Gobernación informó que se presentaron a los familiares de los estudiantes las cuatro líneas prioritarias que orientan las diligencias recientes, incluidas las relacionadas con nuevas detenciones, el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos y actores relevantes para fortalecer las pesquisas. No mencionó el número de aprehendidos.
Destacó que estos trabajos han permitido ampliar las indagatorias e incorporar nuevos elementos para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
Voceros de Gobernación dijeron que en el encuentro –donde estuvo Rosa Icela Rodríguez– los padres consideraron relevante la detención de Ángel Aguirre, exigieron que no lo liberen y que se investigue su posible responsabilidad tanto por la desaparición de videos como por las omisiones de las autoridades estatales durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, cuando se registraron las agresiones contra los muchachos.
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