Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado” y presunto orquestador del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, rechazó categóricamente los cargos en su contra durante la audiencia inicial de este miércoles, al tiempo que acusó a autoridades de haberlo torturado y violado sus derechos humanos tras su detención el 18 de noviembre en Morelia.
El proceso judicial, que también define la situación de siete escoltas del edil asesinado —imputados por homicidio doloso en la modalidad de omisión por comisión—, se extendió por más de 90 minutos de retraso técnico antes de que el juez Luis Fernando Díaz diera la palabra al imputado, quien intervino de manera remota desde el Centro de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”.
“El 17 de noviembre fui levantado sobre la calle 20 de Noviembre, en el centro de Morelia, cuando iba a llevar a mi hijo a jugar futbol. Me trasladaron a la fiscalía del estado, donde fui golpeado, torturado e incomunicado”, relató “El Licenciado”, quien se presentó como un hombre de vida honesta con estudios en Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Acusó que lo obligaron a grabar audios, le tomaron huellas dactilares y lo forzaron a tocar un teléfono ajeno, con amenazas explícitas: “Me dijeron que me iban a chingar”.
El presunto operador logístico del crimen —señalado por autoridades como actuando bajo órdenes de un líder criminal— insistió en que hasta el 21 de noviembre no vio a un familiar y que en todo momento se violaron sus derechos. “Reitero que yo no conozco a nadie del crimen organizado y nunca he pertenecido a ningún grupo criminal”, enfatizó.
Para respaldar su versión, la defensa presentó su declaración y el testimonio de Sara “V”, quien, basándose en publicaciones de redes sociales y grupos de WhatsApp, apuntó sin pruebas a un exmandatario y funcionarios federales de primer nivel como los verdaderos responsables del asesinato de Manzo.
“El Licenciado” detalló su trayectoria profesional: en 2012 dio de alta su empresa contratista ante notario público, lo que le permitió obtener contratos con la Comisión Federal de Electricidad para construcciones y mantenimiento eléctrico entre 2013 y 2016. En 2017 participó en brigadas de ayuda por el sismo en la alcaldía Xochimilco, reconstruyendo la red eléctrica; de 2018 a 2021 colaboró con diputados federales en la 64 Legislatura del Congreso de la Unión; y recientemente se dedicó a obras públicas en el ayuntamiento de Santa Ana Maya, Michoacán.
Mientras tanto, la defensa de los siete escoltas expuso 25 datos de prueba para buscar su absolución, incluyendo dictámenes de balística y las declaraciones íntegras de 14 elementos de la Guardia Nacional que formaban el segundo anillo de seguridad del alcalde durante el ataque ocurrido la noche del 1 de noviembre en Uruapan.
Al cierre de la jornada nocturna, el juez aún no había resuelto sobre la vinculación a proceso de los ocho detenidos, en un caso que mantiene en tensión a las autoridades michoacanas por sus posibles ramificaciones con el crimen organizado.
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